Por: General (R.) Juan Carlos Buitrago Arias- El Reporte Especial 301, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de
Estados Unidos (USTR), evalúa cada año la protección de los derechos de
propiedad intelectual a nivel internacional. En este se clasifican los países en dos
categorías: la «Lista de vigilancia prioritaria» y la «Lista de vigilancia» según la
severidad de las infracciones detectadas. Su propósito es fortalecer la protección
de la propiedad intelectual y asegurar el cumplimiento de las normas
internacionales.
En este contexto, la USTR extiende una invitación formal a entidades
gubernamentales y al público en general para presentar observaciones que
contribuyan a la identificación y clasificación de países en las distintas categorías
de vigilancia. A través de Strategos BIP hemos decidido participar activamente en
este proceso mediante la presentación de un informe que registra los más
preponderantes hallazgos identificados a través de nuestra herramienta de
vanguardia, la Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del comercio ilegal
(CIMA) y de nuestro trabajo de monitoreo e investigación cotidiano a lo largo de
LATAM; Caribe.Nuestras observaciones abordan la complejidad de las operaciones delictivas vinculadas con el comercio ilegal, que funcionan como redes estructuradas, acudiendo al crimen y la violencia, y se adaptan con versatilidad mediante metodologías avanzadas y sofisticadas para instalar su cadena de comercio ilícito de productos a nivel global. Se identificó que las deficiencias en el marco institucional, regulaciones exhesivas o insuficientes y prácticas irregulares, han generado vulnerabilidades significativas en países como Belice, Guatemala, México, Paraguay y Panamá, con repercusiones que trascienden el ámbito comercial, afectando la salud pública, la economía, el recaudo, el empleo y la seguridad regional.
También se develó que las principales fábricas de cigarrillos falsificados se
encuentran en Camboya operadas por mafias chinas, mientras que Paraguay es el
origen de aproximadamente la mitad de los cigarrillos que ingresan de
contrabando al resto de la región, además de la existencia de fábricas productoras
sin el lleno de los requisitos legales en países como Brazil, México y Argentina,
entre otros. Se estima que las marcas ilícitas de cigarrillos incautadas en Brazil provienen principalmente de Paraguay y representan casi el 50% del volumen de
cigarrillos de contrabando que se detectan en la región. En la lista de vigilancia del reporte del 2024, Paraguay se encuentra arriba en el ranking junto con otros 19 países, como Algeria, Guatemala, Pakistan, México, Thailandia y Vietnam, debido a la marcada fragilidad institucional en la protección de los derechos de propiedad intelectual y sus consabidos efectos en materia de seguridad y desarrollo.
El área de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, continúa siendo un
paraíso global de entrada y salidad de bienes falsificados. Ciudad del Este por
ejemplo, es el hub de distribución y venta de productos con origen ilícito, además
de albergar instalaciones de manufactura de productos ilegales. Los desafíos en la
aplicación efectiva y consistente de las leyes de propiedad intelectual en Paraguay
incluyen la imperiosa necesidad de adoptar medidas determinantes que se
traduzcan en mayor capacidad institucional para prevenir, incautar e investigar la
cadena de producción ilícita de múltiples productos, desarticular las bandas
organizadas, revisar las penas y mayor efectividad en los procesos judiciales que
no avanzan. Estados Unidos insta a Paraguay a garantizar la transparencia y el
debido proceso en la protección de indicaciones geográficas, muy débil por cierto,
y especialmente de cara al Acuerdo Comercial Unión Europea-MERCOSUR.
En Strategos BIP, reconocemos el Informe Especial 301 de la USTR como un
instrumento fundamental en la lucha contra el comercio ilegal internacional. La
designación en la «Lista de Vigilancia Prioritaria» funciona como un catalizador efectivo para que las naciones fortalezcan sus marcos regulatorios y prácticas jurídicas, considerando las implicaciones negativas que podrían generar a nivel comercial, jurídico y diplomático. El fortalecimiento de la seguridad y la justicia ante las amenazas del crimen organizado vinculado al comercio ilícito
internacional, requiere de un compromiso colectivo, también del sector privado.
Se ha establecido como fecha límite el 10 de febrero para la presentación de
observaciones gubernamentales, una oportunidad para realizar ajustes y reafirmar el compromiso de los gobiernos y la justicia en la protección del comercio legal y la propiedad intelectual.
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