El presidente Gustavo Petro denunció ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, comandante del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia entre 2017 y 2026. La denuncia es tramitada a través del abogado del Presidente, Alejandro Carranza, quien lo representa en otros casos judiciales.
Petro le atribuye a “Mordisco” asesinatos, masacres y ejecuciones selectivas contra civiles, autoridades indígenas y excombatientes. También, lo acusa de desplazamientos forzados, confinamientos masivos de comunidades indígenas y afrodescendientes; persecuciones por motivos étnicos y políticos y reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes como combatientes y escudos humanos. Además, lo señala de cometer ataques dirigidos contra la población civil y bienes protegidos.
La denuncia lleva 70 anexos, que incluyen: Sentencias condenatorias y órdenes de captura contra “Iván Mordisco; informes de organismos nacionales e internacionales; reportes de inteligencia y material audiovisual verificado, testimonios de víctimas y desmovilizados.
En nombre de Estado colombiano, Petro solicita a la CPI que abra una investigación preliminar sobre la situación y determine si hay motivos razonables para creer que “Iván Mordisco” es penalmente responsable.
Además, pidió una orden de arresto contra “Iván Mordisco” e investigue sus vínculos financieros y logísticos transnacionales del EMC con redes de narcotráfico.
Alias “Iván Mordisco” es uno de los jefes de la delincuencia organizada más violentos y persistentes surgidos de la disidencia de las FARC tras el acuerdo de paz de 2016. Antes de la desmovilización ya tenía un amplio prontuario por homicidio, terrorismo, secuestro, reclutamiento de menores y narcotráfico, especialmente en el oriente y sur del país. Rechazó el proceso de paz y se consolidó como comandante del llamado Estado Mayor Central, estructura disidente que mantuvo el control armado de corredores estratégicos para el negocio de la coca, imponiendo su autoridad mediante masacres, ataques a la fuerza pública y amenazas sistemáticas a comunidades indígenas y campesinas.
Después de 2016, su carrera criminal se intensificó. Bajo su mando, las disidencias expandieron economías ilegales, dinamitaron el cese de hostilidades en varias regiones y ejecutaron atentados contra militares, policías y líderes sociales. Fue señalado como responsable intelectual y operativo de emboscadas, asesinatos selectivos y del uso de explosivos improvisados, además de sostener alianzas con redes del narcotráfico transnacional. Perseguido durante años por el Estado colombiano, se convirtió en símbolo de la continuidad de la guerra tras la firma de la paz: un jefe armado que transformó la ideología insurgente en una empresa criminal sostenida por la violencia y la cocaína.
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