Solo ayer el Ministerio de Servicios Penitenciarios admitió, en una nota, que Víctor había muerto «el 24 de julio de 2025, a las 11:25» —una fecha distinta a la de la placa del cementerio— por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolia pulmonar». Según el Ministerio, Víctor fue trasladado desde El Rodeo I, donde estaba recluido desde enero de 2025, al hospital militar “Dr. Carlos Arvelo” de Caracas después de «haber presentado hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».
Al recibir la noticia, Carmen corrió al cementerio Parque Memorial Jardín La Puerta para dejar un ramo de flores en recuerdo de su hijo. «No proporcionó datos sobre sus vínculos de filiación y ningún familiar se presentó para solicitar una visita formal», sostienen desde Caracas para justificar que no se comunicara la muerte a la madre. Y añaden: «Ante la ausencia de familiares, se procedió a la sepultura formal el 30 de julio de 2025».
Víctor, comerciante informal y maestro de karate, fue llevado por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 3 de enero de 2025. Las razones de su arresto varían según la fuente. La agencia Infobae se remite al servicio militar que realizó en 2023, que habría desatado las paranoias de la contrainteligencia. En cambio, según fuentes militares, Víctor habría sido confundido con un ciudadano extranjero. «Era alto, caucásico. Y la orden era controlar a todo extranjero en circulación. Temíamos la infiltración de mercenarios extranjeros en la patria», afirma a Avvenire un militar en servicio.
Luego vino la invención: «Escondía explosivos bajo un montón de caramelos», sostenía Caracas. «Falso», decía su madre. El hombre de 51 años pasó los primeros días en Boleíta, cuartel general de la Dgcim, y luego fue trasladado a El Rodeo I, prisión donde también estuvo recluido el italiano Alberto Trentini. Así comenzó el viacrucis de su madre, que buscó a su hijo por todas partes, pero ningún agente le daba información. «¿Por qué insiste y viene siempre aquí?», le preguntaban los agentes de El Rodeo I.
La pequeña placa oxidada con el nombre de Quero Nava(s) Víctor Hugo.
Carmen, sin embargo, no se rinde. Sus preocupaciones aumentan en octubre de 2025, mientras que en enero de 2026 denuncia la desaparición de su hijo. En los meses siguientes también es recibida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), e interviene también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo explicaciones al Estado venezolano.
Los tiempos indican que Víctor ya estaba muerto, pero Caracas mantenía abierto su proceso, con la complicidad del entonces fiscal Tarek William Saab. Tanto es así que el 5 de mayo, dos días antes de la notificación del fallecimiento, el tribunal competente —Segundo de Control— rechazó la solicitud de amnistía, sosteniendo que los delitos de los que se le acusaba, entre ellos traición a la patria, no entraban en la norma.
Ahora la Fiscalía venezolana también abrió una investigación penal. Está prevista la exhumación del cadáver. Pero Carmen no quiere que las diligencias queden en manos de los mismos responsables de la muerte de su hijo, y menos aún en un contexto en el que el poder judicial carece de autonomía.
Así, en su nombre, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón pidió que «la autopsia y otros exámenes médico-forenses sean practicados por expertos independientes», garantizando «el acceso de la representación legal y de los familiares a toda la documentación pertinente». También la ONG Foro Penal reaccionó al caso: «Es un caso gravísimo», comenta el abogado Alfredo Romero, quien considera «indignante» el contenido de la nota emitida por los servicios penitenciarios. A su vez, el abogado Javier Tarazona propone llevar la instancia ante la Corte Penal Internacional, denunciando la «crueldad institucional» y la «práctica de exterminio» consolidada en el Estado venezolano.
La desgarradora historia de Víctor aumenta el temor de los familiares de los cerca de 500 detenidos que todavía siguen en prisión y que se consideran «abandonados» tras el “fin” de la Ley de Amnistía, anunciada así por la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez. La preocupación es mayor entre los familiares de los más de cien desaparecidos, entre los que también se encontraba el caso de Víctor.
Entre ellos está también el investigador italo-venezolano Hugo Marino, desaparecido desde el 19 de abril de 2019, cuando llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar. «Pido el certificado de existencia con vida de mi hijo», escribe su madre, Beatriz Marino, «insistiré hasta que respondan y digan la verdad».
