Sanidad pública | Un juez impone a los médicos residentes en huelga el 100% de servicios mínimos – El Salto


El miércoles 16, el poder judicial respondió negativamente a la demanda de interposición de Medidas Cautelarísimas, presentada por el colectivo de médicos residentes ante la exigencia de la Comunidad de Madrid (CM) de servicios mínimos del 100%, que los sanitarios consideran una vulneración del derecho a huelga consagrado en la Constitución. La decisión judicial no impugna los fundamentos de la acción legal de los médicos, pero impone un compás de espera y congela –de hecho- la medida de fuerza al derivar procedimentalmente el proceso a la vía cautelar. Esto implica que el tribunal convocará a la Consejería de Sanidad para conocer los motivos para exigir unos servicios mínimos del 100% y solo después de ponderar esos argumentos y los interpuestos por los sanitarios, dictará sentencia definitiva sobre la causa.

El actual fallo implica que, aunque formalmente la huelga sigue en pie, en términos prácticos su aplicación queda en suspenso, ya que la decisión judicial, aunque no se pronuncia sobre el tema de fondo deja legalmente desamparado al colectivo para seguir adelante con la medida de fuerza. Desconocer el dictamen implicaría transgredir la sentencia del tribunal, gesto grave de por sí, sumado a la vulnerabilidad de la situación laboral del colectivo médico. Así lo explica a El Salto Diego Boianelli, presidente del Comité de Huelga: “Si no cumplimos con el mandato judicial podemos tener repercusiones en el plano laboral. Nosotros, como Comité de Huelga no le estamos recomendando a la gente que no vaya a su trabajo, sería una irresponsabilidad de nuestra parte”, aclara. 

Lo ratifica Sandra Jiménez Peinado, médica residente en el Hospital Universitario de Getafe e integrante del Comité de Huelga, al explicar que “hasta que salga la sentencia final tendremos que acatar lo que nos impone la Consejería de Sanidad que, en realidad, no son servicios mínimos sino máximos, porque son del 100%. Una forma indirecta de negarnos el derecho constitucional a la huelga”. Y valora que los responsables sanitarios han temido que la medida tuviera un seguimiento masivo y los hospitales colapsaran por la ausencia de residentes “y así darnos la razón de que operan con nosotros como si fuéramos plantilla fija”, asegura. Se supone que los hospitales deberían poder operar normalmente sin el concurso del personal médico residente, que –según normativa- solo está allí para adquirir formación profesional y no para cumplir tareas orgánicas propias del personal fijo. Y, en consecuencia, no se le podrían exigir servicios mínimos.

 “… el comportamiento de los poderes públicos –tanto de la Consejería de Sanidad como del poder judicial- expresa la intención de desgastar el movimiento de los sanitarios, para intentar desarticularlo y agotarlo para que desistan en sus reivindicaciones.”

Boianelli y Jiménez comentan que los sindicatos y los abogados que interpusieron la demanda están sorprendidos por la actitud judicial, “los jueces han tomado una decisión en el límite del plazo legal, que es de una semana cuando esto podrían haberlo decidido en 24 o 48 horas”, aseguran. Y valoran que el comportamiento de los poderes públicos –tanto de la Consejería de Sanidad como del poder judicial- expresa la intención de desgastar el movimiento de los sanitarios, para intentar desarticularlo y agotarlo para que desistan en sus reivindicaciones. O, de no obtener ese objetivo máximo, al menos conseguir que llegue a la mesa de negociaciones lo más debilitado posible. También coinciden en afirmar que estas actitudes, que califican de dilatorias y abusivas, solo están consiguiendo galvanizar más al colectivo sanitario y terminar de convencer a quienes permanecían remisos a tomar actitudes. Según Boianelli, “lo único que están consiguiendo es que haya más cabreo y más unión. Esto empezó con solo un 20% de residentes convencidos y cada cosa que han ido haciendo ha ido convenciendo a más gente, tenemos un 90% de apoyo y con ganas de salir a la calle. Empezamos a reunirnos poco a poco unos cuantos de cada hospital y a organizarnos, incluso hubo acciones aisladas de algunos hospitales contra sus gerencias, pero ahora esto ha adquirido una masividad que, me parece, solo puede parecerse a la que hubo en los años ´70, cuando se luchó por el contrato laboral de los MIR”, afirma.

Itinerario de la invisibilización

Un breve repaso al desarrollo de los acontecimientos da pistas sobre los gestos de la Consejería de Sanidad de la CM que el colectivo de residentes percibe como una cronología del ninguneo y que ha conducido a este –provisional- desenlace.

“… todo lo que estamos pidiendo es de competencia de la CM, lo que pasa es que se alarmaron cuando vieron la manifestación del lunes 13, que fue mucho más exitosa y masiva de lo que nosotros nos imaginábamos.”

Los facultativos explican que el 22 de mayo enviaron a la Consejería de Sanidad un documento de 88 páginas, “fruto del trabajo de tres largos años”, explica Sandra Jiménez, conteniendo las bases de una propuesta de convenio en el que planteaban las reivindicaciones que son de competencia autonómica. Hasta el 8 de junio habrían intentado contactos con esa administración sin obtener respuesta. Ante el silencio, ese día emitieron un comunicado intimando a la Consejería a que, si no se producía una reunión para debatir las propuestas, el 2 de julio convocarían una huelga por tiempo indefinido, que tendría inicio el lunes 13. Solo ante ese ultimátum las autoridades sanitarias habrían hecho algún movimiento, limitado a convocar un encuentro el 22 de junio con el Departamento de Recursos Humanos. Sin embargo, en esa reunión habrían dejado claro que no estaban dispuestos a negociar ningún tipo de convenio y limitando un posible acuerdo a algún pacto puntual. Al mismo tiempo, esgrimirían el argumento de que la CM no tendría competencias para negociar lo que el colectivo sanitario exigía. Y, para rematar, dejarían sentado que las propuestas que eventualmente se pusiesen sobre la mesa deberían provenir exclusivamente de la Consejería y no del documento que los sanitarios habían elevado. Dicho sea de paso, dejarían claro que, a pesar de los 30 días transcurridos desde su presentación, ni siquiera habían leído el material. Como corolario, las autoridades exigieron que desconvocasen la huelga, pedido que –en ese contexto- los sanitarios rechazaron de plano. Así llegó el 2 de julio, fecha en que se oficializó la convocatoria de huelga. Fue entonces cuando la Consejería quiso mantener una reunión in extremis con el Comité de Huelga, de la que se levantó sin debates ni propuestas con el argumento de que la huelga ya había sido convocada. Y a la semana siguiente el Comité de Huelga recibió la comunicación de que se les imponía unos servicios mínimos del 100%.

Y respecto de la cuestión competencial, aclaran, “todo lo que estamos pidiendo es de competencia de la CM, lo que pasa es que se alarmaron cuando vieron la manifestación del lunes 13, que fue mucho más exitosa y masiva de lo que nosotros nos imaginábamos, había 3 o 4.000 residentes en la calle gritando y llenando Gran Vía. Tuvo gran repercusión en los medios y entonces hicieron esas declaraciones ridículas de que no tienen competencias. Hay otras cosas globales que efectivamente son de competencia estatal, como la cotización de nuestras guardias –que no cotizan- y otras cuestiones que no vienen a cuento, nosotros estamos pidiendo cosas que puede resolver la CM”, aseguran.

Medidas de lucha adoptadas y apoyos externos recibidos

Los representantes del Comité de Huelga aclaran que los servicios jurídicos están adoptando los recursos legales pertinentes y que, al mismo tiempo, aplicarán un abanico de medidas que visibilicen la huelga –impedida de expresarse por el momento- como, en las guardias, dejar claro ante los pacientes que se ven obligados a cumplir los servicios para no caer en la ilegalidad y explicar que están actuando bajo coacción. Simultáneamente, apoyar a quienes les toca hacer servicios mínimos concentrándose por la tarde para mostrarles su adhesión.

Según manifiestan, han recibido el apoyo de las sociedades de Medicina Familiar y Comunitaria de la CM, de Medicina General, de Medicina Interna, de la Sociedad Científica de Medicina de Familia, de Neurología, de Salud Mental, entre otras. Todas han expresado su adhesión a través de comunicados públicos.

Valoración sindical de la evolución del conflicto

Alberto Cabañas, médico de atención primaria e integrante de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), formula a El Salto una evaluación del episodio desde el punto de vista sindical. Estima que el tribunal dará a la Consejería el plazo de unos días y luego se tomará algunos más para deliberar, lo que podría alargar el proceso tal vez en unos 15 o 20 días. Mientras tanto, los residentes tendrán que atender a unos servicios “mínimos” del 100%, lo que constituye un elemento de presión sobre el colectivo.

“… los residentes que estaban con algunas dudas ven en esto una vulneración de derechos tan flagrante que ha servido como revulsivo y, en ese sentido, hay bastante unión.”

En ese sentido, considera la situación especialmente crítica en la Comunidad de Madrid debido a la falta de voluntad negociadora de su Consejería de Sanidad. Por contraposición, en Murcia la administración se habría mostrado receptiva desde un inicio; ante las primeras demandas se sentó a negociar con los residentes y han llegado a un acuerdo, que acaban de firmar sin mediar ninguna medida de fuerza, “y allí también gobierna el Partido Popular, con lo cual ese argumento de que la CM no tiene competencias para negociar se cae por su propio peso”, sentencia. Y aclara que en Valencia también está convocada una huelga, que empezaría la semana próxima. En Catalunya, aunque aún no hay convocatoria oficial, existen movimientos en esa dirección, asegura.

Sin embargo, al analizar las luces y sombras del proceso en Madrid, es optimista respecto a su posible evolución, “yo creo que, aparte de la gente que tenemos una militancia sindical, los residentes que estaban con algunas dudas ven en esto una vulneración de derechos tan flagrante que ha servido como revulsivo y, en ese sentido, hay bastante unión. Claro que, al mismo tiempo, una huelga implica tensión y desgaste”. Y aclara, “en realidad, la huelga continúa, aunque –literalmente- nos la hayan prohibido. Lo que pasa es que no podemos incumplir los mínimos. O sea, estamos de huelga y trabajando, porque hay una vulneración, no se nos está permitiendo ejercer el derecho de huelga. Y tanto es así, que, si en algún momento el tribunal se llegara a pronunciar en favor del derecho de huelga, esta se va a expresar con toda claridad”, afirma.

Y atribuye la demora del tribunal en tomar una decisión a una oculta pero activa presión política, “igual que nosotros salimos a la calle y en los medios, y eso a ellos les afecta, desgraciadamente la realidad de este país es que los poderes ejecutivos tienen sus vías y contactos para presionar al poder judicial. Lo hemos visto en muchas causas. Y es lamentable, pero es la realidad”. Y basa su valoración en que, en circunstancias anteriores, menos comprometidas políticamente, los tribunales se han pronunciado con rapidez.

Nuevamente el caos en Atención Primaria

Cabañas asegura que en Atención Primaria la situación es durísima. Las autoridades sanitarias estarían presionando al personal para tomarse las vacaciones, así en otoño –cuando se prevé que los rebrotes puedan recrudecer- estaría reintegrado a sus puestos de trabajo. Pero –aclara- esas ausencias no se están cubriendo, a lo que se suma que la plantilla de AP no ha sido reforzada, con lo cual se está haciendo frente a la demanda sanitaria con fuerzas aún más menguadas. Y lo ilustra así, “los rastreadores que han contratado son el 5 o 10% de lo que se comprometieron y esa tarea la está asumiendo la AP, ya que Salud Pública tampoco ha sido reforzada. AP está absolutamente desbordada, entre las 35 a 50 llamadas diarias que atendemos, sumado a pacientes que visitamos en sus domicilios y otros que tienen que asistir a la consulta. El volumen de trabajo es demencial”, se desahoga.

“… nuestra gerencia no tiene ni idea de qué pasa con los residentes de AP, ni cuántos somos, ni dónde estamos. Y ellos estarían obligados a saberlo. Es una demostración más de cómo se están haciendo las cosas…”

Remata la valoración crítica asegurando que la Gerencia de AP está totalmente perdida en la toma de decisiones, “no tienen ni idea de cuántos somos, ni dónde estamos, ni de qué estamos trabajando, adolecen de una desinformación absoluta, han llamado a cubrir servicios mínimos a gente que está trabajando en hospitales o en otros espacios”. Y el caos desbordaría el área específica de los Centros de Salud, “como no saben cómo funciona ni su propio sistema sanitario, solo han incluido las guardias de hospital, con lo cual las guardias que se hacen en otros sitios, como las UVI Móvil o los Centros Rurales, no tienen servicios mínimos. No los han contado”, asegura.

Sandra Jiménez, confirma el pandemonio que describe su colega y comenta “estamos registrando este descalabro gerencial y administrativo para cuando sea posible elevar las reclamaciones pertinentes, porque esto demuestra que nuestra gerencia no tiene ni idea de qué pasa con los residentes de AP, ni cuántos somos, ni dónde estamos. Y ellos estarían obligados a saberlo. Es una demostración más de cómo se están haciendo las cosas”, afirma.

Como prosecución de la medida de huelga, el colectivo de médicos residentes convoca a manifestarse el lunes 20 a las 10hs. La marcha se iniciará en la calle Sagasta frente a la Consejería de Sanidad y acabará en la Puerta del Sol. Convocan a sumarse a sanitarios, estudiantes y a la población en general.



Source link

Deja una respuesta