La semana política | Estado profundo – El Salto


Eran los noventa. Concretamente, 1994. Éramos tres buenos chicos con trazas impostadas de jóvenes macarras. Hacíamos pintadas que llamaban a la huelga. Casi al final de la noche, serían las cinco o las seis de la madrugada, oímos el derrape de un coche de policía. Salimos corriendo. Dos de nosotros nos pudimos esconder. Al tercero lo cogieron. Sin mediar palabra le metieron un puño en el ojo. En las semanas después lo veríamos evolucionar: del rojo filete al morado, del verde acelga al amarillo pálido del pómulo. Esa noche se lo llevaron en el coche patrulla. 

Sus padres, que venían de la lucha antifranquista, lo recogieron en comisaría sin hacer aspavientos. El caso coleó un tiempo. Fue denunciado y denunció brutalidad. Fuimos a declarar que éramos tres buenos chavales que se habían despertado de madrugada para hacer pintadas que llamaban a la huelga. Todo quedó empantanado entre las declaraciones de unos policías que declararon que habían temido por su vida y las de un adolescente al que le habían reventado el ojo por hacer pintadas. Seguramente el juez decidió que con el puñetazo ya había quedado claro el mensaje: tienes suerte de salir sin multas y con solo un ojo a la virulé. Bienvenido a la realidad. 

En los noventa, los medios del poder habían cortocircuitado toda posibilidad de que Felipe González perdiera más votos a su izquierda, desollando a Julio Anguita y cortando con cualquier crítica al modelo liberal. España entraba dando saltos y sin intención de causar molestias en el libre mercado europeo.

Más tarde leeríamos que el momento clave de la década había tenido lugar en los despachos que en las calles. Que el partido alfa, el hegemónico PSOE de González, no había valorado la posibilidad de que otro grupo político entrase en la sala de mandos del Estado. Hubo una campaña para considerar ilegítimo al nuevo Gobierno de Aznar, que era visto como un elemento sospechoso por los servicios secretos, la judicatura y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la columna vertebral de lo que hoy llamamos el Estado profundo. Sus medios afines se esforzaron en que ese nuevo presidente fuera rápidamente sustituido por una “figura de consenso”.

El arreglo de los recién llegados con esa estructura de poder en la sombra vino con el nombramiento de Eduardo Serra al frente de Defensa. El nuevo ministro, con pasado en la administración socialista, quedaba como guarda y custodio de los llamados papeles del Cesid: aquellos documentos en los que se detalla la relación de la inteligencia española y los cuerpos de seguridad con el terrorismo de Estado de los GAL. Se sellaba un pacto que, en lo esencial, ha durado hasta hoy. Atado y bien atado, ta, ta, ta.

2020, guerra jurídica

En 2020, el ensueño de un Gobierno de concentración ─cualquier Gobierno menos el que forman la primera y la cuarta fuerza más votadas─ aflora en casi cualquier emisora o periódico. “Las derechas están muy próximas al Rey y están apostando por un Gobierno de unidad nacional, que acabe con esa cosa rara que es el Gobierno de coalición, que es muy poco Estado, y que una parte del Estado percibe como un Gobierno ‘okupa’. Este Gobierno no le mola a una parte importante del Estado profundo”. La cita es una respuesta de Guillem Martínez en una entrevista publicada en la revista asturiana Nortes. 

Suspendidas temporalmente las guerras de dosieres ─el que fuera su capitán general, José Villarejo, está en la cárcel y hay que suponer que reserva la munición que le quede para no estar en prisión mucho más tiempo─ queda el lenguaje viciado de los informes policiales y los editoriales incendiarios. Y en primer lugar el lawfare, la judicialización de cualquier iniciativa política fuera del consenso del 78.

Hay una novedad en esa mezcla de bulos, informaciones no contrastadas y estados de ánimo: el hecho de que afecte y se dirija contra el ministro de Interior

Esta semana, undécima del estado de alarma, un informe elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil, en la “Operación Sanitario” que ha resultado en la imputación del delegado de Gobierno en Madrid, ha servido para levantar de nuevo algunos velos sobre la presencia siempre inquietante del “Estado profundo” en la vida política.

Nada nuevo para quien ha seguido casos como el sumario del Procés ─y el uso del documento Enfocats─ o el caso Alsasua: informes con más sentimiento que pruebas, que predisponen al razonamiento circular. Pero hay una novedad en esa mezcla de bulos, informaciones no contrastadas y estados de ánimo arrojados sobre la mesa de una jueza para que estire el chicle hasta donde pueda: el hecho de que una insubordinación torpe (como torpe es un documento cosido con cuatro datos incorrectos y un par de bulos) afecte y se dirija al ministro de Interior. 


8 de marzo


Testigos del informe de la Guardia Civil: “Mi declaración se ha tergiversado”

Dos de los cinco integrantes de CGT que aparecen en el informe de la Guardia Civil que culpa al Gobierno de no haber tomado medidas pese a conocer la situación de emergencia por el coronavirus aseguran que se han manipulado sus declaraciones. El sindicato estudia emprender acciones legales por lo que considera un “montaje” para desacreditar al movimiento feminista.

“He defendido a cientos de personas que han denunciado torturas con Grande Marlaska como juez instructor. Solo en un caso conseguí que se repitiera una declaración”, explicaba la abogada Amaia Izko al periodista Alejandro Torrús en 2018. Marlaska, el primer juez que envió a Arnaldo Otegi a prisión, el que dictaminó que la responsabilidad del accidente Yak-42 no correspondía a Defensa, quien abrió juicio oral por injurias a la corona a los dibujantes de El Jueves, el mismo que envió a prisión provisional a 40 jóvenes vascos absueltos dos años después por la Audiencia Nacional, etc, etc. Si ese Marlaska es enemigo del orden y la ley, si es el blanco de los ataques no ya de Vox sino de la comandancia de la Guardia Civil, es que, o bien a los poderes no electos se les está yendo la olla definitivamente o bien estamos ante un movimiento que pretende sacar al PSOE —y no solo a Pedro Sánchez— de los resortes no ya del Gobierno, sino del Estado (es decir, se les ha ido la olla completamente). 

Altsasu -manifestación 24 de marzo
Miles de personas se manifestaron el 24 de marzo de 2019 en Altsasu para protestar por la condena de entre dos y 13 años de cárcel a ocho jóvenes a causa de una pelea de bar con guardias civiles de paisano.
Gessamí Forner

el viento antes de la tormenta

La polarización, el desquiciante ruido en las redes sociales y el efecto de retroalimentación que ha tenido ese informe de la Guardia Civil destinado a debilitar al PSOE quizá solo sea el viento que precede a la tormenta. Un viento que a veces acaricia como una suave brisa al Gobierno de Coalición, que puede relajarse mientras la retórica del golpismo sea eso, pura retórica. 

Un respiro: ayer, viernes 29 de mayo, se presentase por fin el Ingreso Mínimo Vital, que debe sacar a cerca de un millón de personas de las peores situaciones de pobreza

No obstante, ese ruido, por momentos ensordecedor, tapa la realidad de una crisis que va quemando etapas antes de lo previsto. El Boletín Oficial del Estado del 23 de mayo eliminaba la suspensión de los desalojos de vivienda decretada con el estado de alarma. Desde el 4 de junio vuelven los desahucios. El 28 de mayo llegaba otro trueno: en diciembre, Nissan cierra su planta de Barcelona, la más grande de las que tiene en España, de hecho la única que produce coches. Es una rotura del 1% del PIB de Catalunya, en uno de los sectores a priori menos amenazados por la crisis. No han servido las promesas de nuevas subvenciones, como tampoco el chorro de millones inyectado en subvenciones ha servido para que la multinacional Alcoa anunciara otro cierre esta semana. 

La agitación de los “cayetanos” y el aroma a golpismo es apenas una señal de la problemática que espera. Un respiro: ayer, viernes 29 de mayo, se presentase por fin el Ingreso Mínimo Vital, que debe sacar a cerca de un millón de personas de las peores situaciones de pobreza. Una medida que pone de acuerdo a ocho de cada diez personas. Un derecho que debe ir seguido de otros.

Las nubes para la tormenta del paro se juntan y prometen descargar en otoño. Sin un plan de transformación integral de la economía, los 77.000 millones a fondo perdido que la Comisión Europea ha aprobado poner a disposición de España, y que no llegarán hasta 2021, apenas servirán para cubrir las primeras medidas aprobadas durante esta crisis.

Incluso si tuviera ese plan, el Gobierno se enfrenta a la perspectiva de un ajuste con mayúsculas, un ajuste que puede venir bien por el puro recorte social ─salida fácil, suicidio político─ o bien por una rebaja de las expectativas de beneficio que afectará, y esto es nuevo, no solo a las grandes fortunas si no a los pequeños y medianos rentistas inmobiliarios. Una clase que está vinculada íntimamente al capital financiero de los Blackstone, BlackRock o Goldman Sachs, en una doble relación de dependencia y competencia.

Cualquier intervención sobre el mercado de la vivienda, por fuerza, ya no es un enfrentamiento entre ideologías sino entre dos realidades sociales. Esto supondrá a corto otro problema de supervivencia para el Gobierno en cuanto el ataque a esos pequeños rentistas ha sido algo inconcebible para la política en España.

Detener la tendencia que ha hecho que los precios de los alquileres aumenten un 50% en los últimos cinco años, según el Banco de España, implica ese enfrentamiento, indisociable y simultáneo a la disputa por llevar la democracia a la estructuras del Estado copadas por un poder en la sombra que no es blanco ni negro ni tiene color… salvo cuando se siente amenazado. Y ahora se siente amenazado.

No se tratará ya de la vampirización de la bandera o de los zarpazos que puedan dar todavía las cloacas del Estado, sino del enfrentamiento por ampliar la democracia sobre bases materiales: renta básica, vivienda como un derecho, un sistema público de cuidados y todo ello bajo el nuevo paradigma de sostenibilidad ambiental. El enfrentamiento que se prefiguró con esa entrada dando saltos en la UE del Tratado de Maastricht. Un conflicto de época, que se tendrá que dar más en la calle que en el Parlamento; menos soterrado que en los 90 pero, a cambio, en mitad de un ruido ensordecedor. Un ruido en el que, por momentos, se distingue el sonido ronco de algún sable.



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