La Fiscala pide al Supremo tumbar la semilibertad de los presos del 1-O por ser un “tercer grado encubierto”


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El Ministerio Pblico considera por primera vez al Alto Tribunal competente para la revisin de los artculos 100.2 concedidos por las prisiones catalanas.

La ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, el pasado viernes a su...

La ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, el pasado viernes a su salida de la prisin de Wad-Ras para llevar a cabo labores de voluntariado.
Quique Garcia EFE

La Fiscala ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que declare su competencia para revisar la aplicacin de los artculos 100.2 del Reglamento Penitenciario a los presos del 1-O al tratarse de un “tercer grado encubierto”.

En un informe, remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, los fiscales Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Candena sostienen que las semilibertades otorgadas por parte de la Generalitat a los condenados del procs “se asemeja a la concesin a todos de un tercer grado encubierto, ya que los efectos derivados de la aplicacin de ese precepto no son diferentes de los que conlleva la concesin del tercer grado” por lo que “en la medida en que la concesin de un tercer grado sera revisable en apelacin por el tribunal sentenciador, entendemos que procede en este supuesto que la Sala Segunda, en su condicin de tribunal sentenciador, y dada la funcin de unificacin en la aplicacin de las leyes que le corresponde como rgano supremo de la justicia ordinaria, conozca de la decisin de apelacin”.

Se trata de un informe de mxima relevancia para el futuro inmediato de los promotores del 1-O porque es la primera vez que el Ministerio Pblico pide al Supremo -en vez de las Audiencias Provinciales de Barcelona o Lrida- que asuma la competencia para validar o anular el rgimen penitenciario flexible de los lderes separatistas. En concreto, la Fiscala solicita al tribunal que “fije doctrina unificadora” ante la disparidad de criterios entre los jueces de vigilancia penitenciara de Catalua.

Unificar criterios

En el escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, los fiscales explican que “en la prctica resulta que hay juzgados de vigilancia penitenciaria que remiten las apelaciones contra la resolucin del artculo 100.2 Reglamento Penitenciario a la Audiencia Provincial del Centro Penitenciario donde cumple el interno condena y otros al juzgado o tribunal sentenciador”. Por ejemplo, en el caso de Iaki Urdangarin, condenado por el caso Nos, fue el tribunal sentenciador quien revis su rgimen penitenciario flexible.

Adems, los fiscales subrayan que, bajo el paraguas del artculo 100.2, se ha creado una figura penitenciaria cuya finalidad es “variar el signo del fallo” dictado por la Sala Segunda. “El margen de discrecionalidad administrativa que implica el principio de flexibilidad en su regulacin actual es patente, y puede convertirse en un peligroso cauce para eludir el cumplimiento de las decisiones judiciales”, apunta la Fiscala.

El tribunal que preside Manuel Marchena pidi a los fiscales que se pronunciaran sobre el auto enviado por el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Nmero 3 de Lrida a la Sala Segunda contra la concesin del artculo 100.2 a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.

Sin embargo, la Fiscala avisa de que “en el caso presente analizado respecto de Forcadell el examen competencial no puede ir desligado de la aplicacin del artculo 100.2 a otros copenados en la misma causa” haciendo extensivo su criterio de que debe ser el Supremo el rgano que decida sobre todas las semilibertades de los condenados por sedicin y malversacin de caudales pblicos.

El Ministerio Pblico destaca que el artculo 100.2 del Reglamento Penitenciario ha sido propuesto a todos los condenados por el 1-O “a los pocos meses de la firmeza de la sentencia, que los conden por sedicin y malversacin a penas graves de prisin que oscilan entre 9 y 13 aos” y aplicado a todos “sin excepcin” a los pocos das de ser clasificados en segundo grado.

Dudosos programas de reinsercin

Adems, destacan que “los programas de tratamiento que amparan inicialmente la adopcin de esas medidas son, cuando menos, llamativos: para cuidar a su madre (Carme Forcadell), por igual razn y por tomar vacaciones la cuidadora, pese a existir otros familiares (Dolors Bassa); para trabajar en su propia empresa (Jordi Cuixart); para impartir clases en una Universidad (Oriol Junqueras), para trabajar (Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull, con salida de 12 horas de lunes a viernes); para labores de voluntariado y trabajo (Ral Romeva y Jordi Snchez). Esos programas han ido, a medida que el Fiscal los cuestionaba en sus recursos, amplindose” habiendo siempre la Fiscala Provincial de Catalua informado en contra de dichas decisiones al estimar que no se sustentan en verdaderos programas de tratamiento ya que “la reinsercin de los delitos cometidos, a juicio de esos recursos, no pasa por cuidar a familiares, acudir a voluntariado, llevar la anterior vida laboral o difundir en clase las propias ideas, sino en programas que reinserten al interno, paliando aquellas carencias que le llevaron a la comisin del delito”.

En opinin del fiscal, “los programas de reinsercin en tales casos seran aquellos tendentes a inculcar el respeto a la Constitucin y a las leyes, como principio bsico e inderogable de un Estado democrtico y de Derecho”.

Adems, en el informe los fiscales dan por reproducido todos los argumentos recogidos en su recurso de apelacin presentado inicialmente ante la Audiencia de Lrida contra la autorizacin de la semilibertad a la expresidenta del Parlament de Catalua. Se da la circunstancia de que cuando la Generalitat conoci que el juez de Lrida quera enviar la revisin del artculo 100.2 al Alto Tribunal decidi cambiar de centro penitenciario a la presa con el objetivo de que se le concediese un nuevo rgimen flexible que dejara sin efecto el que iba a ser recurrido ante el Supremo.

El juez de Barcelona valida los 100.2

Tal y como lo haba hecho en otras ocasiones con los lderes soberanistas presos condenados por sedicin, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 rechaz el recurso de la Fiscala y acord autorizar la aplicacin del artculo 100.2 del Reglamento Penitenciario al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a los ex consejeros Josep Rull y Jordi Turull. El juzgado considera que “se dan las exigencias requeridas por el ordenamiento” para que los presos puedan salir varias horas al da para realizar un trabajo y que vuelvan a dormir a la crcel, informa Germn Gonzlez.

En este sentido, recuerda que el Tribunal Supremo no estableci un lmite de cumplimiento de la condena para que pudiesen tener acceso a la aplicacin de estas medidas, tal y como consider la Fiscala. De esta forma, los tres presos seguirn saliendo a la espera de que el departamento de Justicia de la Generalitat valide en las prximas semanas la aplicacin del tercer grado que propuso la Junta de Tratamiento de Lledoners, igual que con el resto de lderes soberanistas condenados por sedicin

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