Coronavirus | Señor casero, ¿y usted cuántas casas tiene? Los mil obstáculos para acceder a las ayudas de vivienda – El Salto


Las medidas sociales en materia de vivienda para ayudar a las familias más vulnerables y afectadas por la crisis del coronavirus empiezan a mostrarse claramente insuficientes, de difícil aplicación y suponen, a la larga, un empobrecimiento de las familias a las que se pretende auxiliar, mientras se garantizan los ingresos de grandes propietarios y el negocio de la banca a costa del endeudamiento del Estado.

Estas son, a grandes rasgos, las principales críticas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los sindicatos de inquilinos de todo el Estado al plan de choque que lanzó el Gobierno de coalición el 1 de abril.

A medida que las buenas intenciones se han ido plasmando en leyes y miles de personas han intentado acceder a las ayudas, se han evidenciados los obstáculos que se presentan para acceder a ellas. ¿Cómo sé si mi casero es un gran tenedor? ¿Estoy en situación de vulnerabilidad, según la definición del Gobierno? ¿Cómo hago los trámites en pleno confinamiento? ¿Qué pasa si me quedo fuera porque no cumplo alguno de los criterios pero sigo sin poder pagar la hipoteca o el alquiler?

La moratoria de las hipotecas

El 17 de marzo, el Gobierno de Pedro Sánchez tomaba una de las primeras medidas sociales para hacer frente a las consecuencias del covid19: la moratoria del pago de las hipotecas durante tres meses para las familias en situación de vulnerabilidad. Una medida ampliada una semana después para locales y oficinas.

Una de las principales críticas al decreto es que se queda corto, muy corto. Para la PAH, el plazo de tres meses es “insuficiente” ante la dimensión de una crisis sanitaria, económica y social que ya ha dejado en el paro a cerca de un millón de personas y ha reducido los ingresos, al menos, a más de tres millones de trabajadores forzados al ERTE. 

La enorme mayoría de las familias que lo necesitan no cumplen los cuatro criterios exigidos y solo un 10% de los posibles beneficiarios podría acceder a la moratoria hipotecaria, según la Asociación de Usuarios Financieros

Pero el principal déficit de esta moratoria es que no está llegando, al menos no con la rapidez y amplitud requerida, a quienes la necesitan. Esta señal de alarma la daba, ya con datos y experiencias de cientos de afectados, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) el pasado 5 de abril: la enorme mayoría de los casos no cumple los criterios y solo un 10% de los posibles beneficiarios podría acceder a la moratoria hipotecaria. “El resto quedaría automáticamente excluido durante el proceso de tramitación por incumplir alguno de los cuatro supuestos que establece la norma”, señala esta organización en un estudio publicado en su web.

Tras la aprobación del decreto, apuntan, la ambigüedad en la redacción de la medida provocó un debate jurídico sobre los cuatro requisitos que figuran en la ley para poder acogerse a la moratoria. Finalmente, el 31 de marzo se modificó la normativa para que las familias o empresas afectadas estén obligadas a cumplir los cuatro requisitos para poder optar a una suspensión de los pagos de la hipoteca. Para Asufin, este cambio suponía que “la banca había ganado otra vez”.

El bingo de la vulnerabilidad

Los criterios para demostrar situación de vulnerabilidad y, por lo tanto beneficiarse de la moratoria, son cuatro y deben cumplirse todos. En esta guía de la PAH se pueden ver con más detalle.

El primero, haberse quedado recientemente sin empleo o haber sufrido un ERTE con una pérdida de ingresos del 40%. El segundo, tener unos ingresos familiares que, por norma general, no pueden superar los 1.613€, aunque esta cifra varía en función de la cantidad de hijos, personas mayores de 65 años o personas con discapacidad que hay en la vivienda. El tercero, la hipoteca y los gastos relacionados con la vivienda deben representar más del 35% de presupuesto familiar. Y el cuarto, que se pueda demostrar un alteración significativa de las circunstancias económicas de la unidad familiar a causa de la emergencia sanitaria.

Para Asufin, la exigencia de los cuatro supuestos supone marginar a “miles de familias cuya situación económica ha empeorado drásticamente”. Además, indican “la medida vuelve a dejar fuera a familias que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad antes de la irrupción del covid19”. 

Del estudio, realizado sobre 100 casos completos, Asufin concluye que solo un 10% podría acogerse a la moratoria. Según su informe, un 74,5% cumple con alguno de los requisitos, pero no todos. De este conjunto de casos, un 82% cumple con el primer requisito, haber sufrido un ERTE o perdido el empleo o el 40% de sus ingresos. Con respecto a los otros puntos que deben cumplir las familias, la mitad cumple el criterio de dedicar más del 35% de sus ingresos a los gastos relacionados con la vivienda, mientras que los otros dos criterios solo son cumplidos por menos del 30% de los casos.

“La obligatoriedad actual de cumplir con los cuatro requisitos de vulnerabilidad dejan a la inmensa mayoría de unidades de convivencia sin ningún tipo de protección como ya se está comprobando”, dicen desde la PAH

Esta casuística, indican desde esta organización, supone que solo una de cada diez familias que lo necesiten podrá acogerse a la moratoria, dejándolas “al albur de las propuestas de las entidades financieras: refinanciaciones o préstamos además de productos vinculados”. Las condiciones exigidas por el Gobierno también dejarían fuera a las familias que estaban en situaciones de vulnerabilidad antes del covid19 y que en un contexto de confinamiento y estancamiento económico tienen muy difícil mejorar su situación.

A grades rasgos, esta valoración es compartida por la PAH. “La obligatoriedad actual de cumplir con los cuatro requisitos de vulnerabilidad dejan a la inmensa mayoría de unidades de convivencia sin ningún tipo de protección como ya se está comprobando”, aseguran desde esta plataforma.

Veinte días después de la moratoria de hipotecas, afirman, el tiempo les da la razón: “Donde el Gobierno dice no dejar nadie atrás, la realidad dice que diariamente son miles las peticiones para acogerse a la moratoria y casi nueve de cada diez las que se quedan fuera”. Si no puedes acogerte a la moratoria, denuncian, “los bancos están proponiendo préstamos puente, novaciones, las mismas tácticas de pan para hoy hambre para mañana y que tampoco van a hacer gratis. Los conocemos demasiado bien y blanquearán cláusulas abusivas, meterán comisiones, intereses, lo que se les ocurra con el único propósito de no perder un euro y continuar haciendo caja con el sufrimiento de las familias y cuando la cosa vaya a peor para las familias, seguir quedándose con sus hogares”.

Burocracia en tiempos de confinamiento

Los papeles requeridos para justificar la situación de vulnerabilidad son múltiples y algunos difíciles de conseguir en la actual situación de confinamiento. Sin embargo, según recuerdan desde la PAH en una guía para facilitar las tramitaciones, si no se puede conseguir algún documento o certificado basta con una Declaración Responsable que incluya la “justificación expresa de los motivos relacionados con las consecuencias de la crisis del covid19 que te impiden tal aportación. ¡Que no te pongan trabas en el banco!”.

Cuando termine el estado de alerta, los beneficiarios disponen de un mes para aportar toda la documentación. En el caso de que se haya concedido la ayuda y no se pueda certificar esa situación de vulnerabilidad, el afectado será, según el decreto, culpable de daños y perjuicios.

Desde Asufin consideran que la documentación exigida es “excesiva e innecesaria”. Cumplir con estos requisitos, dicen, “es especialmente difícil para el consumidor en un escenario de restricciones a la libertad de circulación y unas administraciones públicas que aún no están plenamente digitalizadas”. Un problema que se suma a la desprotección ante unos tribunales que “ya no solo están saturados de reclamaciones bancarias, sino que además, ahora mismo están suspendidos”.

Este 7 de abril, desde la PAH y otras organizaciones por el derecho a la vivienda lanzaban la campaña #QuePagueLaBanca para dar a conocer la “ineficacia de la moratoria hipotecaria para combatir los efectos económicos del covid19 así como los requisitos para acogerse a ella”.

En un comunicado, la PAH pone en cuestión el “supuesto escudo social que debe amortiguar el impacto de la recesión sobre las familias afectadas”, en referencia a las palabras del vicepresidente social Pablo Iglesias: “Si algo está quedando claro de nuevo es falta de valentía para enfrentarse a quienes realmente gobiernan este país, el sistema financiero, impune responsable de la crisis de vivienda anterior”.

Ayudas a los alquileres

Una semana después de la aprobación del Real Decreto 11/ 2020 para ayudar a las familias vulnerables, los sindicatos de inquilinos siguen en pie de guerra ante unas medidas que consideran “insuficientes para proteger los intereses de las familias”. 

Frente a un plan de choque que se basa, según denuncian, en que la renta “se siga pagando a pesar de que ello conlleve el endeudamiento de las diez millones de familias que viven de alquiler en el Estado”, los sindicatos de inquilinos han lanzado una huelga de alquileres a partir del 1 de abril. En la página suspensionalquileres.org explican cómo puedes sumarte a la huelga, con instrucciones para notificar el impago y acceso a otros instrumentos de apoyo mutuo y reivindicación, como una Caja de Resistencia en Goteo.org, que ya lleva acumulado 33.000 euros y va a por los 100.000 o una petición de firmas en Change.org, que lleva más de 65.000 apoyos para que el Gobierno suspenda el pago de los alquileres mientras dure el estado de alarma.

La principal crítica de estas organizaciones al decreto es de fondo, según detallan en un análisis de las medidas: “Se vuelven a establecer ayudas para los inquilinos que tienen como objetivo cubrir las rentas de los arrendadores, sin diferenciar entre grandes y pequeños tenedores y, por lo tanto, se vuelve una vez más a transferir capital público a fondos de inversión y empresas privadas que no son socialmente responsables ni tratan la vivienda como un derecho. Un rescate en diferido, en el que una vez más se protege a la clase rentista más que a los inquilinos”. Unos inquilinos que tendrán de endeudarse y, por lo tanto, ver cómo disminuye su capacidad adquisitiva, para seguir pagando el alquiler.

Pero las críticas también son de forma. Según denuncian, “no está bien definido cómo los tribunales aplicarán la norma”, una confusión que siempre “irá en contra de la persona inquilina, que es la que debe demostrar su vulnerabilidad para acogerse a cualquier mecanismo”. La redacción “confusa” y “poco clara” del decreto, dicen, “en un principio podría significar que su interpretación por las autoridades y tribunales no sea completamente predecible”.

La definición de unidad familiar establecida en el decreto “deja fuera a muchas personas que habitan en régimen de comunidad”, como estudiantes que comparten piso, personas que alquilan habitaciones u “otro tipo de familias afectivas en el sentido más amplio”

El decreto no cubre, enumeran, ni contratos de renta antigua ni a las personas que comparten piso ni a los contratos finalizados desde que comenzó el estado de alarma ni los contratos anteriores a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, “por lo que podría dejar fuera de su ámbito de aplicación a los contratos de renta antigua, los inquilinos de los cuales pertenecen en gran medida al colectivo vulnerable de las personas mayores”.

Según un análisis técnico del colectivo de abogados CAES, la definición de unidad familiar establecida en la norma “deja fuera a muchas personas que habitan en régimen de comunidad”, como estudiantes que comparten piso, personas que alquilan habitaciones u “otro tipo de familias afectivas en el sentido más amplio”.

Si tu casero es satán

Si tienes problemas para pagar el alquiler, para empezar los trámites lo primero que debes saber es si tu casero es un gran tenedor, es decir, un persona física o jurídica con más de diez propiedades, sin incluir garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Es un dato que la enorme mayoría de inquilinos no conoce. Pero no, no se resuelve llamando al casero, sino acudiendo físicamente al Registro de la Propiedad más cercano o en recurriendo a servicios privados online.

Es el gran propietario quien elige entre una quita del 50% o una moratoria del alquiler. En la mayoría de los casos, “los grandes tenedores sabrán que retrasando el pago cobrarán los mismos precios inflados”, dicen los sindicatos de inquilinos

Si descubres que tu casero es un gran tenedor —se incluye aquí a la vivienda social y pública— y no llegas a un acuerdo con él, hay dos posibilidades: una quita del 50% del alquiler mientras dure el estado de alarma hasta un máximo de cuatro meses o una moratoria en el pago de la renta, es decir, pagar lo mismo pero después. Uno de los principales fallos de este Real Decreto, según denuncian los sindicatos de inquilinos, es que es el gran propietario quien tiene la última palabra sobre la opción elegida. En la mayoría de los casos, “los grandes tenedores sabrán que retrasando el pago cobrarán los mismos precios inflados”.

Para el colectivo de abogados CAES, la supuesta negociación se realiza en un contexto de “desequilibrio entre las partes, puesto que estamos hablando aquí de grandes tenedores de vivienda —inmobiliarias, fondos de inversión inmobiliaria, bancos o cajas de ahorro, etc— que deciden si les resulta mas beneficiosos la reducción o la suspensión, sin que haya posibilidad de negociar nada por parte del inquilino o inquilina, que es quien conoce de primera mano su propia situación económica y el riesgo que le supone endeudarse o no”.

La moratoria de desahucios, la prórroga de los contratos de alquiler, la moratoria del alquiler en el caso de los grandes tenedores, los avales estatales para pagar los alquileres y ayudas públicas para devolver los microcréditos, así como el resto de medidas que incluye este decreto están supeditadas a que la unidad familiar pueda acreditar una situación de vulnerabilidad económica, según la definición del decreto. 

Esta vulnerabilidad se aplica si se cumplen dos supuestos, similares a los de la moratoria hipotecaria: pérdida sustancial de ingresos por circunstancias relacionadas con el covid19, siempre que los ingresos familiares no superen los 1.613 euros y que los gastos relacionados con la vivienda —alquiler y suministros— representen más del 35% de los ingresos netos familiares. Según detalla el análisis elaborado por los sindicatos de inquilinos, tampoco podrán acogerse a las ayudas si la persona arrendataria o alguna de las que componen la unidad familiar y habita con ella, sea propietaria o tenga el usufructo de alguna vivienda en España.

Al igual que ocurre con la moratoria de hipotecas, si la persona afectada no puede obtener algunos documentos de la larga lista exigida puede sustituirlo por una Declaración Responsable. Cuando termine el estado de alarma y sus prórrogas deberá aportar los documentos que falten en el plazo de un un mes.

Si tu casero tiene menos de diez viviendas

Si las pesquisas te llevan a descubrir, por ejemplo, que tu casero tiene nueve viviendas, y por lo tanto, según la Ministra de Economía, Nadia Calviño, depende de esas rentas para su supervivencia, la cosa cambia. 

En primer lugar, el decreto deja lugar para la negociación entre el propietario y el inquilino para acordar una suspensión o un fraccionamiento del alquiler. Si no hay acuerdo, los inquilinos tienen un mes, hasta 1 de mayo, para solicitar formalmente el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta. Un documento al que el propietario tiene que responder en menos de una semana. Si la arrendadora no acepta ningún acuerdo, la arrendataria que pueda demostrar situación de vulnerabilidad tendrá acceso al programa de microcréditos de interés cero con el aval del Instituto de Crédito Oficial establecido por el Gobierno.

Tanto estos microcréditos como las ayudas de 900 euros a aquellas personas que no puedan devolverlos, señalan desde CAES, salen en todo caso de los fondos públicos, pudiendo suponer como tal un nuevo rescate en diferido por parte de toda la población a aquellas empresas y particulares que viven del cobro de rentas”. Un rescate que se traducirá en más déficit, deuda estatal y con bastante probabilidad, en futuros recortes. Estos préstamos, dicen, podrían agravar el “endeudamiento de aquellas personas que ya a día de hoy no están pudiendo hacer frente al pago de sus alquileres a consecuencia de la burbuja del alquiler y el escenario de especulación inmobiliaria que antecede al covid19”.

La suspensión de los desahucios deja fuera a los desalojos en precario y penales, que “afectan a un considerable grupo de personas en situación de máxima vulnerabilidad, como familias que no han tenido opción de encontrar vivienda alternativa tras un desalojo anterior”

La prórroga de los contratos que finalizan en el estado de alarma fue, junto a la prohibición de los desahucios por alquiler, las dos medidas estrella del paquete social aprobado el 1 de abril. Aún así, tienen fallos, según estas organizaciones. La redacción de este artículo —el más confuso de todo el decreto, según el informe— dejaría fuera a los desahucios por precario —cuando una o varias personas viven en una vivienda sin tener la propiedad ni pagar ninguna compensación a cambio— y los desalojos penales. 

El colectivo de abogados CAES señala que precisamente estos tipos de desahucios afectan a “un considerable grupo de personas en situación de máxima vulnerabilidad, como familias que no han tenido opción a encontrar vivienda alternativa adecuada tras un desalojo anterior, o bien ni siquiera sus ingresos, que generalmente son rentas básicas, les alcanza para acceder al restrictivo mercado de alquiler”. 

En el caso de la prórroga de los alquileres, desde CAES aprecian que “la redacción de esta medida da lugar a interpretar que se vuelve a confiar en la ‘buena voluntad’ del arrendador para suspender o no el contrato de alquiler, imperando la voluntad entre las partes, aun en tiempos de estado de alarma”. Sin embargo, reconocen que si el propietario se niega a la prórroga, el inquilino tiene las de ganar en los tribunales si ha hecho la solicitud correspondiente y cumple los requisitos de vulnerabilidad.

Para el colectivo de abogados CAES, estas medidas “son necesarias pero no suficientes“, puesto que dejan fuera a familias ”que no cumplen con la tipología legislada, colocando a otras tantas en situaciones de mayor vulnerabilidad con deudas impuestas por fuerza mayor”

Los sindicatos de inquilinos advierten que la redacción del decreto da a entender que este no cubre los contratos de arrendamiento que han finalizado desde la declaración del estado de alarma y la entrada en vigor del decreto. Además, para poder beneficiarse de estas medidas las personas afectadas deben poder certificar su situación de vulnerabilidad. Y, al igual que ocurre con la moratoria de hipotecas, no siempre resulta sencillo ni en todas las ocasiones sirve para ayudar a las personas que lo necesitan.

Para el colectivo de abogados CAES, estas medidas “son necesarias pero no suficientes”, puesto que dejan fuera a familias “que no cumplen con la tipología legislada, colocando a otras tantas en situaciones de mayor vulnerabilidad con deudas impuestas por fuerza mayor que no sabemos como se solventarán en un escenario futuro”. Sobre todo, concluye el informe, “con la indignación de ver que los grandes especuladores nunca perderán su beneficio y que se siguen violando y expropiando los derechos de las personas mas vulnerables”.





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