Ahora es el momento de impulsar la Venezuela amistosa, estable, próspera y democrática que la Administración Trump ha dicho que desea.
Este tipo de Venezuela —por la que el secretario de Estado Marco Rubio abogó en un testimonio reciente ante el Senado— responde a los mejores intereses tanto de Estados Unidos como del pueblo venezolano. Pero cualquier demora en adoptar las medidas necesarias para hacerla realidad solo afianzará aún más un régimen autocrático que ha demostrado generar inestabilidad en Venezuela y en la región.
La decisión de la administración de trabajar con el régimen de Delcy Rodríguez, exvicepresidenta del ahora encarcelado Nicolás Maduro, es comprensible a corto plazo para alcanzar objetivos económicos iniciales de Estados Unidos. Sin embargo, este régimen no es estable, ni próspero, ni democrático, y solo es ocasionalmente amistoso con Estados Unidos. Más importante aún, no fue elegido por el pueblo venezolano.
Aun así, Estados Unidos puede plantear varias exigencias clave al régimen para garantizar una transición a la democracia y trazar un camino hacia una Venezuela que sea un socio constructivo para Estados Unidos.
La respuesta de la administración Rodríguez a estos pasos necesarios pondrá a prueba cuán confiable puede ser el régimen incluso en su papel interino de custodio:
En primer lugar, todos los presos políticos deben ser liberados de inmediato y sin condiciones.
La liberación, a finales de enero, de decenas de prisioneros fue un paso positivo y largamente esperado, al igual que la liberación de más personas tras el anuncio de Rodríguez del 30 de enero de que cerrará la tristemente célebre prisión de El Helicoide. Esta prisión ha sido escenario de torturas y abusos indescriptibles contra opositores políticos y líderes de la sociedad civil, y su cierre anunciado es esencial.
Existe el riesgo de que, aun cuando El Helicoide sea cerrado, solo se libere a una parte de las más de 700 personas detenidas injustamente. Si esto ocurre, indicará que la Administración Rodríguez está utilizando a estas personas inocentes como fichas de negociación en su relación con Estados Unidos, y que no está dispuesta a poner fin a la represión de la era Maduro contra actores democráticos legítimos.
Los presos políticos que permanecen detenidos son líderes de la sociedad civil, políticos y activistas, algunos vinculados al partido Vente Venezuela de la líder de la oposición democrática y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Su detención continuada permitiría a Rodríguez y a su círculo demostrar que su liderazgo al estilo de Maduro no enfrentará ninguna resistencia por parte de Estados Unidos. Y esto haría parecer que Estados Unidos respalda a un gobierno que silencia, encarcela y tortura a la sociedad civil.
En segundo lugar, todos los venezolanos exiliados por su activismo político deberían poder regresar al país. Machado, Edmundo González, Leopoldo López y otros activistas y líderes que fueron forzados al exilio deben poder volver libremente a sus hogares. Estados Unidos no puede afirmar de manera creíble que apoya a una nación en su camino hacia la democracia cuando a quienes han dedicado su vida a la democracia no se les permite siquiera pisar su propio país.
En tercer lugar, las restricciones a la sociedad civil, a los partidos políticos y a los medios de comunicación deben ser levantadas de inmediato y por completo. El régimen de Rodríguez ha mantenido las restricciones heredadas de la era Maduro sobre la libertad de expresión, de reunión, de prensa y de asociación. Ha conservado muchas de las duras limitaciones a los medios independientes y sigue controlando un entorno comunicacional fuertemente favorable al régimen para el pueblo venezolano.
Las campañas de desinformación patrocinadas por el Estado continúan difundiendo información falsa y engañosa tanto a audiencias venezolanas como internacionales para moldear la narrativa sobre el régimen. La ley de ONG de 2024, aprobada por la Asamblea Nacional, sigue restringiendo la actividad de las organizaciones no gubernamentales e imponiendo obstáculos administrativos a los grupos independientes de la sociedad civil. Esta ley debería ser derogada.
Desde la salida de Maduro, un número incontable de personas ha sido detenido por protestas pacíficas, incluidas aquellas en apoyo a Estados Unidos, y muchos periodistas fueron arrestados y luego liberados tras ser interrogados y después de que se les confiscaran sus materiales.
El acoso continuo y el maltrato a manifestantes pacíficos y periodistas indican que Rodríguez no está plenamente comprometida con una vía hacia la democracia o que quizá no ejerce un control total. Pero también sirven como recordatorio de que Estados Unidos debe insistir en el levantamiento de las restricciones a la sociedad civil, los partidos políticos y los medios de comunicación.
Por último, deben adoptarse medidas legales y administrativas para preparar elecciones libres y justas a nivel nacional en todos los niveles de liderazgo, tanto nacional como local. Existen varios caminos para celebrar una elección, cada uno con calendarios distintos que van de seis a dieciocho meses. Entre estos pasos se encuentra la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar que cuente con la capacidad y la confianza de la ciudadanía necesarias para organizar estas elecciones de manera libre y justa. Debe levantarse la prohibición sobre los partidos políticos, y los candidatos deben poder comenzar a organizarse.
El pueblo venezolano votó abrumadoramente por el cambio en 2024; Maduro ignoró sus votos. Ahora esperan con ansias conocer la fecha concreta en la que podrán celebrar una elección que determine su futuro.
Cada uno de estos pasos constituye un camino hacia una Venezuela amistosa, estable, próspera y democrática. Y cada uno debe adoptarse ahora para garantizar que ese objetivo final no quede demasiado lejos, y que sea el pueblo venezolano —y no los sucesores de Maduro— quien decida el destino de su país y su bienestar.
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