Banca | Una cuenta corriente gratis para que los bancos no se coman el Ingreso Mínimo Vital – El Salto


El Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede salvar a los colectivos que lo reciben de caer en la pobreza extrema, pero de lo que no parece que les libre es de las comisiones bancarias o, incluso, de la exclusión financiera. Varias organizaciones claman por que las personas beneficiarias del subsidio puedan obtener cuentas corrientes libres de comisiones. Y no solo asociaciones aquí, también lo han hecho las instituciones europeas.

Como medida contra la exclusión financiera, el Parlamento Europeo aprobó una directiva en 2014 para garantizar que cualquier persona residente en la Unión Europea tuviera a su alcance la posibilidad de tener una cuenta bancaria en cualquiera de los Estados miembro sin restricción alguna, las llamadas Cuentas de Pago Básicas (CPB). Esta directiva, además, ordenaba que las cuentas tengan una comisión máxima mensual marcada por los gobiernos nacionales y que los colectivos vulnerables puedan acceder a una sin pagar nada en absoluto.

Tres años más tarde, la directiva fue adoptada por el Gobierno español, pero el Ministerio de Economía, con Luis de Guindos a la cabeza en aquel entonces, no fijó las comisiones máximas para dicha cuenta y retrasó su puesta en marcha durante más de dos años. “Al final quien acaba publicando la transposición es Nadia Calviño en marzo de 2019, cuando otros países ya la han aplicado hace años”, lamenta Daniel Álvarez, técnico del programa de educación financiera en la Fundación leonesa de familias monoparentales Isadora Duncan.

Desde varias organización exigen que se popularice y se informe sobre las Cuentas de Pago Básicas, y que las personas que reciban el IMV obtengan una sin comisiones

Desde esta organización llevan años reclamando que se popularice y se informe mucho mejor sobre este tipo de cuentas y, tras la aprobación del IMV, exigen que dentro de esa figura de persona en situación de vulnerabilidad se reconozca de manera automática a las personas que cobren el subsidio. “La intención es que tengan una cuenta bancaria, ya que será obligatoria para la percepción, pero que no tenga comisiones”, explica Álvarez.

La Directiva “no parecía ni mala”, afirma Álvarez, ya que fijaba en tres euros mensuales la comisión máxima, en los que se debía incluir la cuenta, las operaciones, tarjeta e incluso el acceso a una ventanilla, un detalle que al técnico de exclusión financiera le parece muy importante, ya que “la recibe gente muy mayor o que viven en pueblos donde su acceso o conocimiento de internet para acceder a la banca online sea muy limitado”.

Pero, según la experiencia en Isadora Duncan, la realidad en cuanto a las comisiones que se les cobra es otra. Desde 2015, esta fundación ha estado trabajando con los servicios de inclusión de León y han podido presenciar de primera mano las dificultades en las que se encontraban las personas receptivas de la Renta Garantizada de Ciudadanía, un sistema de subsidio propio de Castilla y León, y las comisiones bancarias a las que se tenían que enfrentar. “Empezamos a ver que las cuentas tenían comisiones, que las tarjetas y que cualquier servicio se los cobraban”, lamenta Álvarez, “pero además hay una cosa característica de Castilla y León y es que la ayuda al alquiler se paga a posteriori y hay que justificarlo con un recibo. Nos encontramos que los bancos cobraban 3, 6, 9 o 12 euros, según el banco, o según quien estuviera ese día en la ventanilla, por emitir este papelito cada mes”.

Según un estudio, las comisiones bancarias se comen entre un 6 y un 10% del dinero recibido por los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción

La renta de esta comunidad autónoma o el IMV se comprenden entre los 461 euros y algo más de 700 según las personas a tu cargo u otros factores, lo cual da una idea de la carga sobre las personas beneficiarias de este tipo de comisiones. Según un estudio realizado por Isadora Duncan, en el que se analizaron cuatro tipos de perfiles diferentes de clientes receptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI), las comisiones bancarias se comen entre un 6 y un 10% del dinero recibido por el beneficiario.

Ginkana burocrática

Esa misma Directiva también se recoge que haya una modalidad para este tipo de cuentas que no tenga ningún tipo de comisión, pero, según la experiencia de Álvarez, tampoco es fácil conseguirla y el proceso se parece más a una yincana o a una carrera de obstáculos.

Alejandro García, de los servicios jurídicos de la organización FACUA, coincide en que las trabas para acceder a este tipo de cuentas son muchas: “Tiene que ser el cliente quien solicita la gratuidad de dicha cuenta y tiene que ser el banco quien la acepte”, lamenta, “cuando en realidad sería muy sencillo que se hicieran de forma automática con los datos de renta de cada persona”. En cambio, argumenta García, las solicitantes “deben buscar varios documentos, pedirlos en varias administraciones y varias trabas que se hacen muy difíciles”. Dificultades que se incrementan, según lo observado por Álvarez en su trabajo en la fundación, sobre todo en sectores de la población con poca educación financiera y que no están acostumbrados a realizar este tipo de gestiones o, como había comentado anteriormente, en zonas rurales o con escaso acceso a internet.

El coronavirus suma una nueva barrera: oficinas cerradas que obligan a que los clientes se tengan que enfrentar a los servicios telefónicos y de banca online

Además, la situación actual suma una nueva barrera. La gran mayoría de las oficinas al público se encuentran cerradas o con restricciones por el confinamiento y el cierre comercial del coronavirus y los clientes se tienen que enfrentar, obligatoriamente, a los servicios telefónicos y de banca online. “Cada vez que llamas por teléfono te contesta una persona distinta, tienes que volver a contarle tu historia o no te contestan”, lamenta García, “al final los ciudadanos tienen que saber qué exigir y no hay mucha información”.

En cuanto a esa información, tanto el técnico de la fundación como el abogado de FACUA coinciden en que uno de los principales escollos es la falta absoluta de la misma. Según Álvarez, no es casual: “Nosotros llevamos años denunciando las prácticas de los bancos, no dan información sobre estas cuentas, las colocan en lugares escondidos en sus páginas web, cuando debería ir en el mismo tamaño y posición que otros productos y la gente no tiene conocimiento de su existencia”. En los últimos años han ido corrigiendo este tipo de asuntos debido a peticiones de organizaciones como la suya, pero insiste en que el mayor problema es la formación financiera básica, necesaria en este país “mucho más que la obligatoriedad de bancarizar a todo el mundo como condicionante para recibir las ayudas”.


Renta básica


La tensa espera del ingreso mínimo vital

La accesibilidad, el nivel de condicionalidad, el encaje entre las rentas mínimas existentes o el alcance a la población migrante son algunas de las incógnitas por despejar en plena cuenta atrás hacia la implementación del ingreso mínimo vital. 

¿Solución pública?

Desde que el gran negocio inmobiliario e hipotecario estallara, los bancos han tenido que reorientar sus fuentes de ingresos y las comisiones han sido su principal herramienta. Al cierre del ejercicio de 2019, las comisiones bancarias suponían el 24% de media de los ingresos del sector financiero español sobre el margen bruto del sector. Paradójicamente, la entidad financiera que tiene el 60% de sus acciones en manos del Estado, Bankia, es la que mayor ingresos por esta vía obtiene, un 31,2% sobre su margen bruto. El Banco Santander, con un margen inferior pero con una mayor facturación, ingresó 8.818 millones de euros en comisiones en los primeros nueve meses de 2019.

Paralelamente a la exclusión social, la financiera debería ser una de las batallas por parte del Estado y que acompañen al IMV en una situación de crisis como la actual. “El cobro de prestaciones mínimas que debe realizarse mediante cuentas bancarias puede ser utilizado por parte de las entidades para aprovecharse precisamente de quienes menos poder de negociación tienen”, explica a El Salto el responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, que especifica que las comisiones bancarias suponen en porcentaje un esfuerzo mucho mayor a las personas que cobran este tipo de prestaciones que a las rentas más elevadas”.

Bankia, con un 60% en manos del Estado, es la entidad perfecta para facilitar cuentas totalmente gratuitas a las personas beneficiarias del IMV

Ahí se vuelve a abrir un debate que resuena desde la última crisis financiera y en el que Sánchez Mato ha participado desde IU y otros movimientos sociales: la creación de una banca pública que pueda ofrecer servicios financieros a toda persona que lo necesite y que funcione como una herramienta social al servicio de la ciudadanía. Tanto él como Álvarez coinciden en algo: Bankia, con un 60% en manos del Estado, es la entidad perfecta para llevarlo a cabo. “Bankia tiene red de oficinas a día de hoy para poder ofrecer este servicio y si este volumen de peticiones y de negocio no quiere ser asumido por el sector privado porque no le es rentable, pues debe ser el sector público quien lo haga”. “En la situación de exclusión y crisis actual es donde cobra más sentido si cabe la necesidad de una banca pública”, afirma Sánchez Mato y añade que lo lógico es que “la gestión del IMV fuera a través de Bankia y que esta entidad de capital público no cobrará comisión alguna”.

Este próximo mes, el IMV empezará a llegar a las cuentas bancarias de 850.000 hogares en los que habitan 2,3 millones de personas, según los cálculos del Ministerio de Seguridad Social, y, si nada cambia en cuanto a las comisiones bancarias, parece que la esperada renta no podría tener todo el efecto esperado ya que, según sentencia Álvarez, “si estás planteando una ayuda en la que vas a invertir 3.000 millones de euros al año pero esto no lo tocas, lo que ves es que pasará lo de siempre en este país, que los de abajo que reciben la ayuda acaban siendo estigmatizados y los de arriba acaban llevándose el beneficio”.



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