La denuncia penal presentada ante la oficina del fiscal general de Curazao señala que los propietarios de la entidad financiera habrían incurrido en “quiebra fraudulenta” y forjamiento
La denuncia penal presentada por los síndicos procuradores de la quiebra del Banco del Orinoco NV atribuye dos delitos al grupo propietario de esta entidad financiera, encabezado por el empresario venezolano Víctor Vargas Irausquín.
El documento suscrito por Michiel Gorsira y Danilo Narváez, al que tuvo acceso Crónicas del Caribe, considera probados los delitos de “quiebra fraudulenta” y “forjamiento”. El primero de ellos sería atribuible a los directivos del grupo Cartera, propietario del referido banco. Además de Vargas, en la junta figuran Joel Santos, Santos Alonso Ramos y Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú.
En cuanto al forjamiento, los síndicos afirmaron que la responsabilidad penal sería imputable solo a Vargas.
La quiebra del Banco del Orinoco fue declarada en 2019, una vez que el Banco Central de Curazao anuló la licencia que tenía esta entidad financiera para operar en la isla desde septiembre de 1993.
En la denuncia se revela que las primeras dudas sobre la solidez del banco surgieron durante auditorías llevadas a cabo por la firma KPMG en 2016 y 2017. En aquella oportunidad, los expertos externos manifestaron dudas en cuanto a la existencia de un portafolio de bonos, destinado a respaldar los depósitos de unos 7.200 cuentahabientes, que totalizaban 892 millones de dólares.
Los auditores dudaban que el grupo de Vargas fuese el propietario real de tales bonos, y que por lo tanto pudieran manejarlos para afrontar sus obligaciones. Por lo tanto, estos bonos no podían ser incluidos en los estados financieros del BdO NV. Este punto fue clave en la decisión tomada por el Banco Central curazoleño.
Para el momento de la quiebra, el grupo Cartera insistió en que estos papeles tenían un valor nominal de 1,5 millardos de dólares, lo que se consideraba suficiente para saldar lo adeudado a los cuentahabientes.
En las primeras de cambio, indica la denuncia, Cartera sostuvo que solicitaría un arreglo crediticio para cumplir de inmediato con los pagos. Pero luego iniciaron una negociación con los clientes para estructurar sus propuestas. En este proceso se tomaron cuatro años, hasta que presentaron un memorándum de entendimiento. De acuerdo con la denuncia penal, los términos de ese acuerdo fueron incumplidos por Cartera.
Con el pasar del tiempo, los cuentahabientes se percataron de que los propietarios del BdO no aportaban información concreta para verificar que realmente poseía los recursos para cumplir con sus obligaciones. Luego de varias postergaciones, durante una audiencia celebrada en noviembre de 2024 los acreedores rechazaron la propuesta de un nuevo acuerdo.
En este proceso, los representantes de Cartera alegaron que los bonos estaban en custodia de la firma Farringdon de Singapur. El 11 de octubre de 2024, presentaron un correo electrónico atribuido al CEO de esta firma, Martin Young, que supuestamente confirmaba la posesión de los títulos.
Tres días después, el propio Young envió un correo electrónico a los síndicos, para aclarar que aquella comunicación no fue enviada por él.
Young observó a los investigadores que el referido mensaje fue enviado desde un dominio (@farringdon-group.com) que no les pertenece. De allí la imputación por presunto forjamiento.
La defensa de Cartera
La denuncia penal por este caso fue presentada en marzo de este año. Sin embargo, las informaciones al respecto comenzaron a ser difundidas la semana pasada. Esto llevó al grupo Cartera a remitir un extenso comunicado a los antiguos cuentahabientes.
En primer lugar, se calificó de “infundadas” las acusaciones de Gorsira y Narváez. Señalaron que las informaciones públicas contradicen lo que está validado en el expediente oficial.
Cartera admitió que las acreencias ascendían inicialmente a 847,4 millones de dólares. De ellas, solo quedaría un débito “remanente” de 461,2 millones de dólares, luego de la cancelación de acreencias por 386 millones de dólares.
Cartera, además, criticó las actuaciones “de carácter extorsivo” de abogados que ejercen la representación en este proceso de grupos de cuentahabientes. Sostuvieron que los litigantes apenas aglutinan al 5% de estos acreedores.
“Dichas acciones han estado acompañadas de una narrativa orientada a generar presión indebida y a manipular la percepción de los acreedores”, afirmaron.
Los propietarios del BdO NV aseguraron que han suscrito acuerdos con 630 acreedores. Proyectan que para finales de 2025 estos convenios abarcarán al 70% de los cuentahabientes.
“Se han diseñado mecanismos simplificados de pago para acreencias inferiores a USD $20.000, garantizando seguridad y eficiencia. Con ellos se atenderá al 35% de los acreedores en el corto plazo, en diversas modalidades de pago para su comodidad. CIVCA (Cartera) ha remitido seis informes formales al Juez Supervisor y a los Síndicos desde diciembre de 2024”, afirma el comunicado.
Crónicas del Caribe se comunicó con el grupo Cartera, que a través de un correo electrónico confirmó la veracidad de la declaración compartida con los acreedores.
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