Especial redacción- Último minuto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre el Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), uno de los bancos más importantes de Suecia, por posibles actividades de lavado de dinero vinculadas a figuras clave del régimen venezolano. A finales de la semana pasada, un abogado del Departamento de Justicia se presentó en la sede del SEB en Estocolmo, notificando al banco de una investigación en curso que ha puesto bajo escrutinio varias cuentas de alto perfil.
Estas cuentas están asociadas con conocidos empresarios y «boligarcas» cercanos a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así como con altos funcionarios y exfuncionarios del país sudamericano. La investigación se centra en los negocios realizados con la estatal petrolera PDVSA y empresas vinculadas a ella en territorio estadounidense, que habrían facilitado la legitimación de cientos de millones de dólares.
Como resultado de la investigación, varias de estas cuentas han sido bloqueadas de manera temporal. Además, se espera que en las próximas semanas se confisquen propiedades de alto valor en Estados Unidos asociadas con estos individuos. La acción de las autoridades estadounidenses pone en evidencia el creciente enfoque internacional contra las actividades financieras ilícitas vinculadas al régimen venezolano.
SEB, fundado en 1972 y controlado por la influyente familia Wallenberg a través de la empresa de inversiones Investor AB, es el banco sueco más grande en términos de capitalización de mercado y activos totales. Aunque el SEB opera principalmente en Europa del Norte, también tiene presencia en otros países como Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos, donde su enfoque está dirigido a servicios de banca corporativa e institucional.
Este caso se suma a un número creciente de investigaciones internacionales que buscan rastrear y frenar el flujo de dinero proveniente de actividades ilícitas vinculadas al gobierno de Maduro. Las autoridades estadounidenses han intensificado su lucha contra el lavado de dinero y la corrupción asociada a regímenes autoritarios, buscando asegurar que las instituciones financieras globales cumplan con las regulaciones internacionales sobre el manejo de fondos provenientes de actividades ilícitas.
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